Ixtacamaxtitlán, Puebla, a 02 de mayo de 2023. Minera Gorrión. S.A. de C.V. (“Minera Gorrión”), empresa filial subsidiaria de Almaden Minerals Ltd., informa que ha completado las siguientes: 1) Evaluación de Impacto Social (EVIS), correspondiente al otorgamiento de sus títulos de concesión, y la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH) correspondiente al desarrollo del Proyecto Ixtaca.

 
Ambas evaluaciones han sido realizadas por el Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales, S.C. (“CIIJA”), como tercero independiente y técnicamente competente. Se encuentran disponibles en la página web de Minera Gorrión.

Sobre la Evaluación de Impacto Social (EVIS)

La EVIS fue completada a finales del año pasado y se presentó ante la Secretaría de Economía, de la mano con una solicitud para reducir significativamente el área de los títulos de concesión emitidos a la compañía.

La EVIS fue realizada en apego a los más altos estándares nacionales e internacionales, así como a diversas recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta evaluación está centrada en la identificación y predicción de aquellos potenciales impactos, tanto negativos como positivos, que implicaría el otorgamiento de los títulos de concesión solicitados por la empresa.

En este sentido, la conclusión de la EVIS arrojó, por un lado, la identificación de impactos positivos con una identificación social alta. Este tipo de impactos se vinculan, en gran medida, al pago de impuestos, así como la generación de puestos de trabajo que se derivarían, de ser el caso, del acto de otorgación de las concesiones. 

Por otro lado, en cuanto a los posibles impactos negativos, la EVIS indica que tendrían una significación social moderada, así como todas aquellas medidas necesarias para su prevención o mitigación. 

De esta manera, la EVIS certificó que la identificación de impactos realizada por la EVIS concuerda con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el otorgamiento de los títulos de concesión no supondría poner en riesgo los derechos culturales y humanos de ningún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. 

Cabe señalar que, finalmente, ni la EVIS ni la solicitud de modificación de la extensión de los títulos de concesión fueron considerados por la Secretaría de Economía al momento de buscar negar la factibilidad de las solicitudes de las concesiones de Minera Gorrión al juzgado segundo de distrito en Puebla.

Sobre la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos (EIDH)

La realización de la EIDH comenzó en 2021 y consiste en un estudio con un enfoque y alcance distinto a la EVIS por tratarse de la evaluación de impactos que implicaría el desarrollo del proyecto Ixtaca. En otras palabras, es un estudio con mayor profundidad y alcance que se centra en predecir, identificar, caracterizar y evaluar los potenciales impactos –tanto positivos, como negativos– que tendría el proyecto Ixtaca durante sus distintas etapas en relación con los derechos humanos de las comunidades que conforman las distintas áreas de interés del proyecto.

La EIDH identifica, para cada uno de estos impactos potenciales, las correspondientes medidas de mitigación y compensación. En este sentido, la EIDH señala que la labor a desarrollar se debe impulsar desde las etapas iniciales del proyecto mediante planes y programas que, a su vez, estarían alineados con la Política de Derechos Humanos de la empresa.

El desarrollo de la EIDH y, particularmente, su supervisión metodológica contó con la participación de un Comité Asesor conformado por integrantes de las comunidades locales y por los siguientes expertos de reconocida trayectoria: 

 

1. James Anaya, Presidente del Comité Asesor. Ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, graduado de la Universidad de Nuevo México y de la Facultad de Derecho de Harvard. Amplia experiencia en materia de derechos humanos internacionales y de los pueblos indígenas. Se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de mayo de 2008 a junio de 2014, donde participó en la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Katya Puga. Licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey e hizo un postgrado en estudios sociales en la UNAM. Se ha desempeñado como Subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT y Directora General de Impacto Social y Ocupación Superficial en la SENER. También ha participado en las Naciones Unidas como Enlace de la Región Sur del PNUD, donde dirigió proyectos en torno a diálogos democráticos y derechos de los pueblos indígenas.
    

3. María del Carmen Carmona. Abogada por la Escuela Libre de Derecho en México, con especialidad en Derecho de los Recursos Naturales en la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias Políticas por la UNAM. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigación. Su investigación va en torno del Derecho Ambiental, Derecho de los Recursos Naturales, Derechos Humanos relacionados con el derecho a un medio ambiente sano, Derecho de las Aguas, Estado Regulatorio de las Aguas Subterráneas, Derecho Costero, Derecho Indígena y Justicia Energética. 
    

4.  Sergio Puig. Estudió derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y recibió un doctorado en Derecho Económico Internacional de la Facultad de Derecho de Stanford. Actualmente es Profesor de Derecho Evo DeConcini y Director del Programa de Comercio Internacional y Derecho Comercial de la Universidad de Arizona, así como Coeditor en Jefe del Journal of International Economic Law. Trabajó en el Banco Mundial y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

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El Comité Asesor concluyó que la EIDH “ha sido desarrollada conforme a procedimientos sólidos, basados en estándares y buenas prácticas internacionales, así como con profesionalismo, seriedad y buena fe”. El comité también resaltó la necesidad que tiene la empresa de continuar garantizando, a través de una debida diligencia, la protección de los derechos humanos de las personas y comunidades que pudieran llegar a verse afectadas por el proyecto Ixtaca. 

Hasta donde es del conocimiento de la compañía, la EIDH sería la primera que se completa en la industria minera mexicana –y, en particular, en lo que se refiere a un proyecto en etapa de exploración– bajo los denominados “Estándares de Dinamarca”. Estos estándares son reconocidos como una de las más avanzadas metodologías en la materia. De esta manera, busca aportar valor con una visión de largo plazo, tanto en términos operativos, como de integración comunitaria.  

La EIDH implicó la interacción con numerosos individuos y grupos de poblaciones dentro de las áreas de influencia del proyecto Ixtaca e identificó cuatro comunidades centrales que recibirían la mayoría de los impactos positivos y negativos del proyecto que son Santa María Zotoltepec (con 478 habitantes); Zacatepec (con 285); Ixtacamaxtitlán (con 515); y Loma Larga (con 83). 

Como conslusión, la EIDH señaló que “el estado de cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región de influencia es razonablemente alto, teniendo en cuenta que en realidad los datos formales u oficiales relativos al cumplimiento y goce de los derechos humanos en la región son sumamente limitados por la ausencia de fuentes específicas, y por lo tanto generar u obtener datos confiables al respecto ha sido complicado, pues los datos disponibles son normalmente generales y presentan situaciones más bien limitadas a la interacción con autoridades; sin embargo, no se obtuvieron datos específicos de las encuestas, talleres y entrevistas que demuestren hechos o actos directamente imputables a la empresa desarrolladora del Proyecto violatorios de los derechos humanos de los individuos y comunidades aledañas al mismo, y aun cuando se avizoran o pueden preverse impactos en el goce y disfrute de los derechos antes citados, debe destacarse que en tanto la minera que desarrollará el Proyecto -tanto en su fase de construcción como en su fase de operación en cumplimiento de la legislación y regulaciones aplicables así como conforme a los estándares y prácticas comúnmente aceptados en la industria minera- la violación o incumplimiento con los derechos humanos es una posibilidad menor que podrá ser atendida y resuelta en la mayor parte de los casos conforme a los planes y políticas internas del Proyecto como se menciona en este documento”.

Minera Gorrión reafirma su interés en continuar consolidando la relación que mantiene con las comunidades dentro de las distintas áreas de influencia del proyecto Ixtaca. Esto sujeto a la celebración de la consulta previa, libre e informada por parte de la Secretaría de Economía, tal y como le ordenó la SCJN en su sentencia y en cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

Asimismo, seguirá potenciando acuerdos con las comunidades locales, como los celebrados con el Ejido de Santa María Zotoltepec, el Grupo de Riego de Pequeños Productores de Zacatepec o la Unión de Ejidos por el Desarrollo Sustentable de Santa María Zotoltepec”. También, continuará favoreciendo el desarrollo de infraestructura local productiva, como el reservorio de agua en Zacatepec (https://www.youtube.com/watch?v=OV71Is8FG34).